Anti Reforma Tributaria por decreto: Duque no sólo ignora a la Ocde sino a la reciente Comisión de Expertos y masifica zonas francas donde imporrenta cae de 32% a 20%

El decreto permite que se beneficien del régimen hasta empresas del e-commerce. Cuando todo el país está pendiente del Congreso para que haga una Reforma Tributaria seria y más justa, en la que se acaben privilegios, exenciones y deducciones para conseguir recursos para atender los nefastos efectos del Covid-19 y financiar el déficit fiscal de cerca de $94,6 billones, un 8,6% del PIB, el Gobierno sacó un decreto que lo que hace es una contra Reforma Tributaria, pues rebaja el impuesto a la renta del 32% al 20%, sin contar las exenciones arancelarias y de IVA, y atornilla ese beneficio por 30 años prorrogables. Basta crear una zona franca. Lo inentendible es que el decreto lo firma el ministro Carrasquilla. Hoy existen 100 zonas francas, incluidas las 62 especiales uniempresariales, y la Ocde pidió a este gobierno acabarlas paulatinamente. Y no más ayer la Comisión de Expertos Tributarios dijo que las zonas francas había que eliminarlas o someterlas el régimen del IVA. A ambos se les hizo conejo.

Por Daniel Támara

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá.- Mientras por un lado el Gobierno colombiano maneja un discurso de falta de recursos y de la necesidad de revisar y eliminar la mayoría de exenciones tributarias para aumentar de manera sostenible el recaudo, por el otro, les entrega gabelas a las empresas, yendo en contravía de las recomendaciones que no sólo le acaba de hacer la Comisión de Expertos Tributarios, sino la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) en 2019.

Vamos por partes. Hace unos días el Gobierno presentó con bombos y platillos el Decreto 278 de 2021 y lo vendió como un gran revolcón al régimen de zonas francas, que aumentaría la competitividad en el país y, por ende, la tan necesitada inversión que impulsaría el crecimiento económico a mediano plazo.

Sin embargo, el asunto no es tan de color rosa. Por el contrario, lo que prácticamente está haciendo esta nueva normatividad es una anti Reforma Tributaria, aprovechando el régimen de zonas francas para bajar la tasa efectiva del impuesto de renta de las empresas, del actual 32% a cerca del 20%.

El exdirector de Planeación Nacional y hoy chairman de BTG Pactual, Armando Montenegro, resume así el nuevo decreto del Gobierno: “las zonas francas son los huecos que hacen del Estatuto Tributario un queso suizo”.

DICTAMEN DE JUAN RICARDO ORTEGA

Para el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y hoy presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega “las zonas francas muchas son inversiones que se habrían realizado indistintamente del beneficio”.

“Son costosas y les falta control. Yo soy muy escéptico de sus bondades son rentas para los dueños de la tierra y el operador. No he visto el estudio que demuestre que generan innovación o crecimiento. Muchas son bodegas”, agregó el hoy presidente del GEB.

Incluso, frente a este decreto de zonas francas, se quedan cortas en materia de rebaja impositiva las recomendaciones de expertos como José Antonio Ocampo, quien dijo que se tenía que generalizar el impuesto de renta a todas las empresas, pero bajando la tasa al 25%.

Ahora bien, la contra Reforma Tributaria se hace por detrás toda vez que “se posibilita la solicitud de nuevas zonas francas en todo tipo de actividades agroindustriales, así como para concesiones aeroportuarias y férreas (este último sujeto a reglamentación)”, según la norma expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Con este pequeño párrafo, prácticamente se abre la puerta a que cualquier mediana o grande empresa en el país pueda crear una zona franca. Basta con tener un patrimonio por encima de los 23 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $23 mil millones.

Cabe resaltar que la inversión de una zona franca permanente tiene que ser del orden de $33.500 millones y se necesitan, al menos, 20 hectáreas. No obstante, la inversión en zonas francas permanentes especiales es de $109.300 millones y ya no se necesitan ese mínimo de hectáreas.

Hay que tener en cuenta, además, que todo lo que se produce en una zona franca y salga para el país tiene un arancel que sólo recae sobre el componente externo. Además, los insumos que vengan del país a la zona franca tienen IVA cero.

Como si fuera poco, y a la vez yendo en sentido contrario de las recomendaciones en materia de impuestos que han hecho expertos nacionales e internacionales, se les entregan beneficios a las empresas del e-commerce, cuyos ingresos durante la pandemia del Covid-19 se dispararon.

En efecto, el decreto establece que “las ventas que realicen los usuarios industriales de zona franca a través de internet no se entenderán como ventas al detal, para lo cual la introducción al territorio aduanero nacional o salida al resto del mundo de estas mercancías deberá efectuarse mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, en los términos en que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales lo establezca y conforme lo dispuesto en las normas aduaneras que rigen la materia".

Es importante mencionar que las zonas francas son “áreas geográficas delimitadas dentro del territorio colombiano, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior”, según la definición de Zona Franca Bogotá.

CARRASQUILLA, SER O NO SER

Cualquiera podría pensar que esta normatividad se hizo a espaldas del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien es el que está liderando la elaboración de la Reforma Fiscal, esa que se construyó sobre la base de la revisión de todas las exenciones tributarias vigentes en el país.

Y no tendría nada de raro, pues no sería la primera vez que el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, toma un rumbo distinto al del jefe de la cartera de Hacienda. Ya pasó en 2018 con lo del IVA a la canasta familiar.

Sin embargo, en esta ocasión la situación es distinta, porque el decreto incluye la firma del ministro Alberto Carrasquilla, con lo cual, bendice su contenido.

No obstante, el propio ministro pregonó desde mitad del año pasado que el país necesitaba revisar todas las exenciones tributarias, argumentando un costo fiscal cercano a los $92 billones (aunque luego la Comisión de Expertos Tributarios bajó la vara a $69,1 billones).

“Se requiere evaluar la multiplicidad de exenciones, especialmente en el impuesto sobre las ventas, toda vez que estas benefician, en mayor medida, a los hogares de mayores ingresos”, decía el ministro a finales del año pasado.

No sobra mencionar que el propio presidente Duque respaldó esta visión. “Creamos una comisión de expertos, que en este momento están trabajando, y que nos van a dar sus hallazgos para finales de febrero. Y ese grupo de expertos está analizando todas las exenciones tributarias que están disponibles en Colombia. ¿Y por qué este estudio es tan importante? Porque es posible que hallemos que hay muchas excepciones que no necesitamos. Y si las eliminamos podremos recaudar más recursos”, dijo el jefe de Estado ante inversionistas internacionales en diciembre pasado.

CONEJO A COMISIÓN DE EXPERTOS

En agosto del año pasado, precisamente, el Gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, instaló la Comisión de Expertos Tributarios, que se encargaría de entregar un informe con recomendaciones en materia de impuestos de cara a la presentación de la Reforma Fiscal, que el Ejecutivo anunció en junio de 2020, cuando presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El corazón de las propuestas que iban a entregar los expertos se relacionaba con la eliminación exenciones tributarias. Y, concretamente, con las que tenían que ver con IVA, cuyo costo fiscal se calculó en $51,6 billones.

Precisamente, el miércoles pasado, la comisión entregó su informe final con algunas recomendaciones generales y otras más específicas.

Dentro de las generales, obviamente está la necesidad de eliminar, en la mayor cantidad posible, las exenciones vigentes en el Estatuto Tributario.

Y dentro de las particulares hay una que llama la atención y tiene que ver, precisamente, con las zonas francas.

“Se necesita llevar a las zonas francas (ZF) al régimen ordinario de IVA, particularmente las ZF de un solo negocio (ZF Permanentes Especiales). Si esto no es viable, eliminar el régimen de Zfpe o, por lo menos, no crear nuevas”, dice la comisión en su informe final.

El Gobierno, en ese entendido, estaría yendo en contra de las recomendaciones de los expertos, pues lo que está haciendo a través del decreto expedido hace dos días es todo lo contrario: masificando la creación de zonas francas uniempresariales.

CONEJO A LA OCDE

De hecho, la propia Ocde, en un informe publicado en 2019, recomendó a Colombia eliminar paulatinamente el régimen de zonas francas, advirtiendo la necesidad que tiene el país de incrementar sus ingresos por el lado tributario.

“Colombia debe decidir si se necesitan incentivos tributarios para aumentar la inversión. En el caso afirmativo, el Régimen de Zona Franca no parece ser la mejor intervención. Se deben considerar alternativas como: IVA tipo producto en vez de uno tipo consumo y un régimen de depreciación acelerada”, dijo el organismo multilateral.

HABLAN EXPERTOS

“Este decreto parece concebido en un momento histórico completamente ajeno al presente, pues crea tal cantidad de gabelas para la creación de zonas francas que bajo las normas actuales supondría una verdadera válvula de escape para la pretensión de obtener más recursos tributarios. Si bien el desarrollo de las normas sobre comercio exterior es del resorte exclusivo del presidente de la República, las nuevas reglas de zonas francas tendrán que armonizarse con las del Impuesto sobre la renta e IVA que deberán ser discutidas en la anunciada reforma tributaria”, le dijo a Primera Página Camilo Ramírez.

Y agregó: “Desde el punto de vista de coherencia, es correcto que se creen estímulos para la generación de empleo, pero debe tenerse claro su costo frente al sacrificio de recursos que son hoy tan necesarios para la estabilidad fiscal del país”.

Hay que tener presente que el Ministerio de Hacienda estima que este año el país registrará el déficit fiscal más alto de la historia, cercano a 8,6% del PIB ($94,6 billones). Por eso, es tan importante que el Gobierno consiga recursos que no sean provenientes de créditos, pues no podría hacer sostenible la senda de ajuste fiscal a mediano plazo, sino que lo haga mediante el recaudo tributario, que podría verse seriamente golpeado con la expedición de esta norma.

ZONAS FRANCAS

Las zonas francas nacieron en Colombia en los años 60´s como un mecanismo de impulso a las exportaciones y tuvieron un origen estatal. Se ubicaron, principalmente, en las zonas en las que había mayor comercio exterior, como Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, entre otros.

En el año 1991, se privatizaron las zonas francas a raíz de la apertura económica. La Organización Mundial del Comercio, de la que Colombia hace parte, le hizo una serie de recomendaciones que apuntaban a acabar con las zonas francas, pues advirtió que lo que estas estaban haciendo era subsidiar las exportaciones.

Tal y como sucede en este momento, el Gobierno de entonces hizo una especie de bypass a las recomendaciones de la OMC y respaldo el régimen de las zonas francas, argumentando que su única finalidad era aumentar la productividad y la competitividad del país.

En el 2005, el entonces primer mandatario del país, Álvaro Uribe Vélez, expidió el Decreto 1004 de 2005, que les dio vida a las zonas francas uniempresariales. Con el paso del tiempo, y bajo el argumento de aumentar la competitividad, se creía que se iba a dar un mayor impulso al sector industrial con este régimen, pero este terminó mutando y se volvió un instrumento de logística de las empresas.

EL DECRETO EN BLANCO Y NEGRO

Luis Bernardo Naranjo, exfuncionario del Incomex, exejecutivo de comercio exterior de la Andi, hoy director de los datos.com, resume los puntos principales del decreto de las zonas francas, expedido por el Gobierno hace dos días, resaltando las bondades y los grandes desaciertos de cada uno de ellos:

• Se incluye dentro de la nueva inversión activos intangibles.

• Se incluye un Plan de Internacionalización.

• Se introducen normas de trabajo en casa.

• Se modifican los miembros de Comité intersectorial de zonas francas (ZF). Se incluye un delegado más del Mincit.

• Se crea un Comité Técnico de ZF.

• Se excluye de las restricciones a las concesiones de puertos, aeropuertos y ferrocarriles.

• La declaratoria de ZF será hasta por 30 años prorrogables por 30 años más.

• La inversión de una ZF permanente e(ZFP) s del orden de 33.500 millones de pesos.

• La inversión de una ZF Permanente Especial (Zfpe) es de 109.300 millones de pesos

• Se reduce el monto de la inversión si la ubicación de la nueva ZFP y Zfpe es en municipios pobres.

• Se introduce el concepto de zonas francas permanentes dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios que incluye servicios, de ciencia, tecnología, innovación, cultura, conocimiento o cualquier otra actividad de servicios de exportación o de soporte que se requiera para realizar o prestar estos servicios.

• Es importante recordar que varios grupos económicos colombianos y un sinnúmero de multinacionales cuentan con Zfpe.

Por su parte, el experto tributarista Jairo Higuita se acotó así al decreto: “se habilitó el reconocimiento de activos intangibles como parte de los compromisos de inversión, se permite comercios electrónicos para usurarios de bienes y servicios, las zonas francas especiales se pueden convertir en permanentes para calificarlas como usuarios de servicios en áreas como ciencia y tecnología, innovación, cultura, conocimiento; en municipios con menos de un millón de habitantes no se necesitan las 20 hectáreas, en general el régimen es mucho más flexible”.

Otro experto tributarista, finalmente, se cuestionó si “estos regímenes generan mayores externalidades positivas que el recaudo tributario mismo”.