Cuentas políticas para una seria Reforma Tributaria empiezan a descuadrarse; se vende o se vende yo con yo ISA, es el Plan B

 

A finales del año pasado, todo parecía indicar que Carrasquilla se venía con una Reforma Tributaria estructural bien hechecita. Hubo hasta dudas del presidente Iván Duque, pero este al final terminó aceptando que tocaba hacer un buen ajuste fiscal. Sin embargo, la cosa empezó a desmoronarse cuando el expresidente Álvaro Uribe pasó a hablar de una reforma moderada. En esta postura lo acompañó el exministro santista Juan Carlos Echeverry. Pero la voz de alarma la terminó dando el expresidente conservador Andrés Pastrana, quien respaldó la visión de que una Tributaria que contemple más aumentos de IVA abriría la puerta a que en 2022 llegue al poder una “oposición radical y populista”. Como el Gobierno no puede quedarles mal a las calificadoras, pues el año pasado para evitar la pérdida del grado de inversión les prometió que iba a hacer la tarea de tramitar una Reforma Tributaria decente, y ante el hecho inminente de que no lo va a lograr, no le queda más remedio que echarle mano a Interconexión Eléctrica S.A. para venderla a una entidad pública a través de un contrato interadministrativo, con lo cual, el déficit fiscal, en últimas, va a terminar siendo tapado con recursos financiados por la banca, que es la que va a prestar para la compra de ISA.

Por Daniel Támara y Héctor Hernández M.

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá.- El reloj corre en contra de los intereses del Ministerio de Hacienda, si de tramitar una Reforma Tributaria se trata. Primero, porque el apoyo en el Congreso no está garantizado y se ha empezado a desmoronar. Y, segundo, porque entre más tiempo pase más cerca se estará del periodo preelectoral.

La oportunidad del país y del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de hacer por fin una Reforma Tributaria estructural parece que se va a volver a perder porque de nuevo los intereses políticos se van a poner por encima. Y de un verdadero revolcón impositivo no va a quedar ni el apellido. Ya hasta el presidente de la República, Iván Duque, no habla de Reforma Tributaria sino de Reforma Fiscal.

Tan poco es el margen que tiene el Gobierno para llevar a feliz término esta iniciativa, de la que todavía no se conoce ni el borrador, que ya se empezó a hablar del interés del Ejecutivo por vender una de las joyas de su corona: Interconexión Eléctrica, para suplir lo que no se logre con un nuevo ajuste impositivo.

Si bien la intención de enajenar este activo no es nueva, pues hasta hace poco, más de un año, se daba por hecho la venta, sí son inéditas la crisis por la que atraviesa el país y la necesidad urgencia de conseguir recursos para financiar el déficit fiscal.

EL AJEDREZ POLÍTICO Y LAS CALIFICADORAS

El ambiente optimista para la Tributaria 3.0 empezó a cambiar, cuando el expresidente Álvaro Uribe, jefe político del partido de Gobierno, aseguró que la reforma que tanto había anunciado el Ejecutivo debía ser de tono moderado.

“Para poder mostrar resultados a finales de 2021 de una nueva tendencia de reducción de la pobreza hay que madrugar con todas las medidas: ingreso solidario más agresivo, reforma tributaria moderada y una gran reforma de ahorro”, aseguró el exjefe de Estado.

Esta visión la respaldó el exministro santista Juan Carlos Echeverry, quien aseguró que no cree que pueda haber una Reforma Tributaria estructural y que, por mucho, una iniciativa de este calibre recaudaría apenas 1% del PIB.

Y el golpe final lo dio el expresidente conservador Andrés Pastrana, jefe político de uno de los partidos de la coalición del Gobierno, quien citó a través de Twitter las palabras de una columna de Juan Lozano: “Si volvemos a escuchar desde el Ministerio de Hacienda propuestas delirantes de nuevas cargas tributarias para la clase media y más aumentos del IVA, vayámonos preparando para que la elección la gane una oposición radical y populista, independientemente de cuál sea el nombre del candidato”.

Con este escenario, el Gobierno la tiene patas arriba para hacer aprobar una Reforma Tributaria estructural, por lo que es posible que sólo termine saliendo del Congreso el remedo de una iniciativa que buscaba hacer un revolcón impositivo.

Y, además, hay que tener en cuenta que ningún Gobierno ha podido aprobar una reforma de ese calibre en un periodo electoral y mucho menos que recaude dos puntos del PIB.

Las calificadoras de riesgo estarán atentas a los anuncios que haga el Gobierno en los próximos días y, sobre todo, a cómo platee su Plan Financiero que será dado a conocer a finales de este mes. El año pasado le dieron tiempo al Gobierno y el reloj seguirá corriendo en contra del Ejecutivo.

Cabe resaltar que la Reforma Tributaria fue anunciada oficialmente en junio del año pasado, aunque ya se veía venir desde mayo, luego de que se conocieron los primeros efectos parciales de la crisis del Covid-19.

El Gobierno aseguró que la reforma sería más que una Tributaria, pues la idea era que no sólo tocara temas relacionados con el ingreso, sino también aspectos que están sujetos al gasto. Por eso, la presentó como una Reforma Fiscal y que recaudaría cerca de 2% del PIB.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asumió la vocería de esta iniciativa y aseguró que el enfoque primordial sería evaluar la pertinencia de las exenciones tributarias, que le cuestan al fisco cerca de $92 billones, especialmente las de IVA, que aportan a ese total $74 billones.

Si bien el presidente de Colombia, Iván Duque, guardó silencio por mucho tiempo, en diciembre respaldó la visión de su ministro sobre las exenciones y aseguró que era necesario un ajuste fiscal.

“Creamos una comisión de expertos, que en este momento están trabajando, y que nos van a dar sus hallazgos para finales de febrero. Y ese grupo de expertos está analizando todas las exenciones tributarias que están disponibles en Colombia. ¿Y por qué este estudio es tan importante? Porque es posible que hallemos que hay muchas excepciones que no necesitamos. Y si las eliminamos podremos recaudar más recursos”, dijo el primer mandatario.

EL HUECO FISCAL

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el descuadre interno cerró el 2020 en 8,9% del PIB (Producto Interno Bruto) y se espera que haya un ajuste importante en 2021 para bajarlo hasta niveles de 7,6% del PIB. Y el as bajo la manga para hacerlo y financiarlo era la tan anunciada Reforma Tributaria.

Para muchos analistas, este contexto de emergencia era el propicio para que el Gobierno se diera la pela de tramitar una Tributaria estructural. Sin embargo, por los lados del Congreso, la percepción es muy distinta.

Con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina y las presidenciales, a poco más de un año, el margen de maniobra del Gobierno es muy reducido.

Por eso, se están abriendo paso otras posibilidades para cubrir ese hueco y la vieja y más confiable parece ser la enajenación de activos.

ISA, LA JOYA DE LA CORONA

De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación 2021, el Gobierno estima ingresos por disposición de activos del orden de $12 billones. El Ministerio de Hacienda todavía no ha pronunciado palabra alguna sobre el tema este año, pero las señales que había dado al cierre de 2020 apuntaban a que no se vendería ningún activo estratégico.

Sin embargo, la imposibilidad que se avizora para que sea aprobada una Reforma Tributaria estructural, obligó al Gobierno a volver a poner sobre la mesa el tema de vender la participación en una empresa estratégica otra vez y la seleccionada es ISA.

Ya Primera Página reveló que Ecopetrol inclusive ya escogió banca de inversión para ir por ISA y está por el lado de un grupo que lidera el Hsbc. Por su parte, el Grupo Energía Bogotá (GEB) abrió concurso y ya hay 14 bancos interesados. Es de a grupos de a tres. Uno, por ejemplo, está formado por Citi, JP Morgan y Scotiabank. Pero ya levantaron la mano BTG Pactual y el Bbva, la escogencia estará el 25 de enero.

Y es que el apetito por Interconexión Eléctrica no es casualidad. La compañía tuvo una utilidad neta con corte al tercer trimestre de 2020 de $483.767 millones, 19,2% por encima de la del mismo período de 2019. El margen neto fue 20,2% y el ROE a septiembre alcanzó el 14,0%.

Como si fuera poco, el Ebitda ascendió a $1,5 billones, un 18,8% más frente al mismo periodo del año anterior. El margen Ebitda total fue 61,9% y 75,4% excluyendo la construcción. Hoy por hoy, la capitalización bursátil de ISA es de $29,4 billones. El Gobierno tiene 51,4% en acciones de la compañía. Esa plata hoy vale, a precios de mercado, $15,1 billones

En resumidas cuentas, la venta de ISA se haría a una entidad pública (llámese GEB o Ecopetrol) a través de un contrato interadministrativo, con lo cual, el déficit fiscal, en últimas, va a terminar siendo tapado con recursos financiados por la banca, que es la que va a prestar para la compra de ISA. ¿Qué banco no va a querer prestar para la compra de esta empresa? La respuesta: ninguno.