Sigue pataleando “kirchnerazo” que dejaría a afiliados de fondos privados mayores de 52 años irse a Colpensiones: aún está en el Congreso y no lo ha vetado Hacienda

 “No vamos a sacar ningún decreto”, aclaró a Primera Página Juan Alberto Londoño, quien así se lo había expresado a Asofondos. Sobre la iniciativa que sigue haciendo tránsito en el Congreso y que contempla el citado traslado de afiliados a Colpensiones, el viceministro de Hacienda dijo: “eso lo estamos analizando”. Desde Colpensiones no se cree que el Gobierno apoye esta iniciativa. Ahora bien, este “mico” no es de ahorita. Lo quisieron meter en el Plan Nacional de Desarrollo, pero se hundió. Luego fue convertido en proyecto de decreto, que también se desechó. Ahora está pendiente su suerte en el Legislativo. Y esto, más que beneficiar a los afiliados, le permitiría al Gobierno hacerse de casi $40 billones, pues el recaudo se desplomó. Este sería un segundo y más grande paso para empezar el desmonte de las pensiones al estilo Kirchner en Argentina. Con esta jugada, el Gobierno terminaría haciéndose accionista de empresas privadas y hasta con puestos en sus juntas directivas.

Por Daniel Támara

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá.- El viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dio anoche una señal de tranquilidad al decir que “no vamos a sacar ningún decreto”, con el que se ordenaría el traslado de los afiliados de los fondos privados de pensiones, con más de 750 semanas, a Colpensiones. Sin embargo, la señal no fue tan contundente, porque el funcionario reconoció que ese traslado está consagrado en un proyecto de Ley que se tramita el Congreso de la República y cuyo aval por parte del Gobierno “lo estamos analizando”.

Cómo será el impacto de este orangután, denominado por algunos como todo un “Kirchnerazo”, que hasta el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, tuvo que mediar ante el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, para que el decreto que debilita al sistema del ahorro privado de pensiones no viera la luz.

Hasta ayer en la tarde, el decreto era un hecho, pues para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su equipo económico ese traslado de pensionados a Colpensiones le representa un ingreso en estos momentos de cerca de $40 billones. Y sus implicaciones futuras en la deuda de largo plazo no mereció reparos por parte del Ministerio, porque en estos momentos el recaudo tributario se fue mucho más abajo de lo que se pronosticaba.

Esta medida sería un segundo paso para el desmonte del sistema de ahorro privado, si se tiene en cuenta que hace cerca de un mes el Gobierno había decretado el traslado de las pensiones de salario mínimo de los fondos privados a Colpensiones, lo que le generó un flujo de caja de $5 billones.

Con el naufragio de este último decreto de emergencia económica, se estaría evitando una consecuencia que nadie, hasta el momento, había tenido en consideración: que, al trasladarse las pensiones de afiliados con más de 750 semanas al fondo del Gobierno, este pasaría a ser accionista y hasta miembro de junta directiva de empresas privadas.

Esto se debe a que varias inversiones de los fondos privados están en acciones de sociedades particulares. Entonces uno podría encontrarse con que podría convertirse en miembro de junta un representante del Gobierno en entidades financieras como Bancolombia o el Grupo Aval o el Grupo Bolívar. Sería una estatización escondida.

Pero por ahora el asunto quedó quieto, en parte, gracias a la intermediación de Moreno, aunque todavía falta conocer la posición que tomará el Gobierno frente al proyecto de Ley que entrará a ser discutido en segundo debate en el Congreso.

El “kirchnerazo”

El 20 de octubre de 2008, la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, firmó un proyecto de Ley que eliminó el sistema privado de pensiones que se había creado en 1994. Todos los fondos depositados en las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (Afjp) pasaron a manos del sistema estatal.

Las razones que llevaron al Gobierno argentino a tomar una decisión de esa envergadura no distan mucho de las que hoy esgrime el Ejecutivo colombiano. Fernández de Kirchner también necesitaba caja en un contexto enmarcado por la crisis financiera mundial y los bajos precios de la soja y el petróleo. La exmandataria también habló de garantizar las pensiones de 9,5 millones de cotizantes, cuyos ahorros se habían visto afectados por la crisis y el bajo valor de sus activos.

Lo que terminó pasando es que el Gobierno de Argentina se volvió miembro de varias juntas directivas de empresas privadas, pues los portafolios de inversión que estaban en manos de las Afjp pasaron a las huestes del Ejecutivo.

La necesidad de caja del Gobierno colombiano, al igual que la de Argentina en aquel entonces, es muy alta por dos razones en específico. La primera tiene que ver con el gasto, pues se necesitan recursos para atender la crisis por el lado de la salud y por el lado de la productividad. Y la segunda está relacionada con los menores ingresos. El Gobierno calculaba que, en el recaudo tributario neto, se iban a dejar de recibir $12 billones este año. Pero todo apunta a que la cifra era demasiado optimista.

Tanto así que, como se dijo, ya dicho decreto de emergencia económica estaba listo. Pero al Gobierno todavía le queda un as bajo la manga y es el proyecto de Ley que está a punto de ser discutido por la Plenaria de la Cámara de Representantes.

Otro “mico” en el Congreso

El pasado 14 de mayo, los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobaron por unanimidad, y en primer debate, el proyecto de Ley “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la Ley 797 de 2003 y se autoriza el cambio de régimen pensional en virtud del derecho constitucional a la pensión”.

La iniciativa sólo le añade un simple, pero peligroso parágrafo al artículo primero de la ley mencionada: “Dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la presente ley, se permite el traslado de afiliados entre fondos de pensiones, siempre que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, sean hombres mayores de 52 años, o mujeres mayores de 50 años”.

Tal y como lo dispone la norma hoy, lo que se permite es que este traslado lo puedan hacer aquellos afiliados a los que les falten diez o más años para pensionarse. Con este proyecto, se permitiría el traslado en cualquier momento sin importar cuánto tiempo les resta para la pensión, siempre y cuando, hayan cotizado mínimo 750 semanas.

Al proyecto todavía le quedan tres debates: pasará, en primera instancia, a la Plenaria de la Cámara de Representantes. Luego será discutido en la Comisión Séptima del Senado. Y, finalmente, llegará a la Plenaria del Senado para que se surta el cuarto y último debate. Si hay diferencias en los textos aprobados por las respectivas corporaciones, tendrá que haber conciliación. De lo contrario, pasará a sanción presidencial.

El quid del asunto está en la posición que tome el Ministerio de Hacienda con relación a esta iniciativa. “Eso es algo que estamos analizando”, aseguró el viceministro Londoño. La puerta no se ha cerrado y el “mico” que se intentó meter en el Plan Nacional de Desarrollo sigue vivito y coleando.

La mini Reforma Pensional del Plan de Desarrollo

Desde febrero del año pasado, el Congreso empezó el estudio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, que finalmente se aprobó a mediados de mayo de 2019. Y una de las discusiones más álgidas se dio en torno a lo que se denominó como “la mini reforma pensional” que escondía el PND.

Eran cerca de diez artículos que abarcaban temas relacionados con pensiones, pero uno fue el que más sacó ampolla. Se trataba del artículo 84, que permitía que los cotizantes con más de 750 semanas y que estuvieran a menos de diez años de pensionarse pedir un cambio de régimen, es decir, pasar de un fondo privado a uno público o viceversa.

El artículo suscitó tantas críticas, en especial, por parte de Asofondos, que el Gobierno terminó por retirarle el apoyo. El presidente del gremio de los fondos privados, Santiago Montenegro, escribió una carta en aquel entonces en la que advirtió que el artículo en mención incentivaría a que cerca de 172 mil ciudadanos migrasen de los fondos privados a los fondos públicos, lo que le costarían al Estado cerca de $50 billones.

Como respuesta a dicho escrito, el propio viceministro Londoño aseguró que, si bien el artículo tenía un “chulo”, eso no significaba que tuviese aval, sino que se discutiría con los ponentes del Plan de Desarrollo,

“Sí tiene un chulo mío, pero es un chulo que pongo para analizar los proyectos. Hoy no tiene aval. La ministra de Trabajo (en ese entonces Alicia Arango) fue muy clara en decir que el Gobierno no va a apoyar ese artículo”, aseguró Londoño.

Días después, para ser exactos, el 23 de abril, los ponentes del proyecto decidieron retirar el polémico artículo antes de que comenzara su discusión en las Comisiones Económicas del Congreso. “El artículo 84, del tema pensional, tiene impactos fiscales y requiere el aval del Gobierno Nacional. Lo había dado para el primer debate y ahora lo retiró. Y la constitución del 91 dice que artículo con impacto fiscal que no tenga aval del Gobierno es imanes, es decir, no va”, aseguró el senador por el Partido Conservador Efraín Cepeda.

Ese mismo “mico” que tanto causó polémica y que fue retirado del PND iba a sacarse por medio de un decreto de emergencia económica. Pero las distintas voces en contra, empezando por la del actual presidente del BID, volvieron a truncar esa posibilidad. Queda la carta del Congreso, aunque todo dependerá de cómo evoluciones la crisis en los próximos meses. Por ahora, el asunto quedó quieto.