En vela sistema energético por tanto privilegio y excepción a una EPM cuyo peso en el mercado da susto

Todos los días el presidente Duque pregunta cómo va Empresas Públicas de Medellín. Su crisis reputacional de hoy se venía engordando desde 1994 cuando la Ley de Servicios Públicos acabó con las integraciones verticales, menos la de EPM, la misma que en 2018 cuando tiene la crisis de Hidroituango puede participar en la subasta de energía firme para reemplazar aquella que ella ya no iba a dar a tiempo. Y hace poco en la búsqueda de inversionistas para Electricaribe se le autorizó aumentar su participación en el mercado energético de 25% a 35%. Toda una cadena de favores. El problema está en que con la rebaja de nota de Fitch por su lío de Gobierno Corporativo, se corre el riesgo de que se encarezcan sus créditos, o sea, sus planes de inversión, y que pueda incumplir sus tareas con el sistema. Ya algunos bancos le cerraron cupos. A esto se suman dos cosas: que la Anla no deja avanzar Ituango hasta que EPM sanee el daño y que todos los proyectos están paralizados por la consulta ambiental previa. Ojalá no haya Niño. Podría haber riesgo sistémico. A mala hora se dio la cadena de torpezas en EPM, de la que nadie se salva, ni el alcalde de Medellín, ni su gerente, ni siquiera los miembros de junta que renunciaron.

Por Eliana Ramos Barros

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá.- No es gratuito que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, desde que estalló la semana pasada la crisis de Gobierno Corporativo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) esté llamando todos los días a los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía y a las superintendencias de Servicios Públicos y Financiera a ver cómo está marchando la cosa.

No es para menos. EPM tiene a cuestas en estos momentos tres enormes responsabilidades: una, echar a andar al fin el proyecto de Hidroituango, que debió arrancar en 2018 y ya ahora se habla de 2022; dos, suplir la energía en firme que le permitieron hacer en una subasta por el atraso en que ella misma incurrió por los problemas de Ituango; y, tres, hacer las inversiones requeridas ($3,2 billones, en cinco años) para sacar adelante Electricaribe.

EPM tiene con los pelos de punta no sólo al primer mandatario sino a los mercados financiero y energético, porque gracias a todas las concesiones, privilegios, excepciones y favores que viene recibiendo desde 1994, cuando se trató de ordenar la casa en materia de servicios públicos, hoy es un jugador muy grande para todo el sistema y, por lo mismo tanto, lo hace más vulnerable.

PRIMER ESLABÓN DE LA CADENA DE FAVORES

Y la cadena de favores a EPM empezó con la ley 142 de 1994, que le puso fin a las integraciones verticales. Por ejemplo, en materia energética las empresas partícipes se debían especializar y desarrollar una sola actividad. O era generadora, o comercializadora, o distribuidora o transportadora. No podía hacer ni dos ni tres tareas. Una y solo una. Pues adivinen, a EPM se le permitió seguir desarrollando no dos o tres sino las cuatro actividades y punto.

Con el paso del tiempo se ha convertido en un monstruo, que da susto si llega a perder su norte.

El miedo no es gratuito. Anoche mismo EPM le admitió a la Superintendencia Financiera que “ha recibido notificación de algunas entidades financieras locales e internacionales en cuanto a suspensión temporal de relaciones comerciales, lo cual reduce los cupos en operaciones como créditos, coberturas de riesgo cambiario y garantías bancarias”.

Ya en la rebaja de calificación que le hizo Fitch a EPM a “BBB –” y en pasar su perspectiva de estable a negativa, se prenden varias alarmas sobre su desempeño a futuro, pese a que no perdió su Grado de Inversión.

Y aunque Fitch reconoce que EPM “tiene una sólida capacidad crediticia” y “un fuerte acceso a los mercados financieros internacionales y locales”, su confesión hecha a la Superfinanciera le mueve el piso a ese parte de tranquilidad.

Lo que sí puede ayudar a EPM es su buena posición de caja, reforzada con la reciente colocación de bonos. Pero para preservar su liquidez “reajustará los próximos vencimientos (crediticios)”, dice Fitch.

EL S.O.S. DE FITCH Y LA EXIGENCIA DE ANLA

Pero Fitch en su documento deja registradas varias advertencias:

Primera: que sobre el proyecto de Hidroituango “es posible que se produzcan complicaciones técnicas y de infraestructura adicionales, que podrían retrasar aún más la fecha de operación comercial del proyecto”. EPM había dicho que en el 2021, pero “en junio de 2020, la empresa anunció un retraso adicional debido a la pandemia de coronavirus. La expectativa de Fitch es que 300MW del proyecto estén en línea a principios de 2022”.

Y Fitch refuerza su argumento cuando dice que “cree que la empresa sigue estando expuesta al riesgo de ejecución, a pesar de que ha hecho progresos para remediar el colapso de los túneles del proyecto. Fitch espera que EPM tapone los túneles de desviación y los túneles auxiliares de desviación (ADT) en los próximos seis a doce meses”.

Lo que no se ha dicho es que Ituango no puede avanzar en el proyecto mismo hasta que se controlen todas las contingencias. O sea que no haya ningún peligro de siniestro y que se superen todos los inconvenientes ambientales que el proyecto ha generado. Esto es una orden de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

PERMISO PARA CUMPLIR LO INCUMPLIDO, OTRO FAVOR

El mayor retraso de Hidroituango hace más imprescindible que entren los proyectos subastados en 2019 de energía en firme, incluido el de la propia EPM, que incumplió y que le permitieron participar en el relleno del hueco que ella misma había dejado. Algo insólito, pero cierto. Era un nuevo favor.

Algunos expertos sostienen que EPM estaba obligada a participar en la subasta, porque era una mala señal para las “ías” su ausencia en este proceso. Además, EPM se valió de la misma normatividad, porque para los casos de subastas de cargo por confiabilidad, pueden aplicar proyectos nuevos o “proyectos en construcción”, como es Ituango. En resumen, todo ese cargo que perdió EPM con la crisis de Hidroituango, lo recuperó con la subasta de febrero de 2019, organizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuando la ministra de Minas y Energía era María Fernanda Suárez.

CONSULTAS, NIÑO Y APAGÓN

Pero aparece otra pata sobre la cual no se tiene mucha conciencia y es la de las consultas ambientales previas, que por decisión de la Procuraduría, no se pueden hacer de manera virtual. Y mientras no se escuchen a las comunidades y las consultas no se hayan hecho en vivo y en directo, con el correspondiente aval, ningún proyecto puede arrancar. Y ya se está a nada del 2021.

Pueda ser que entre finales de 2021 y 2023 no se registre Fenómeno de El Niño, porque como van las cosas, el hueco de energía que dejó el proyecto de Ituango terminará siendo llenado sólo hasta 2023 o 2024, cuando tendría que estar entrando, ahora sí de verdad, Hidroituango. Si la reposición de energía no se da a tiempo y hay Niño, volveríamos a los tiempos del racionamiento eléctrico.

PERSPECTIVA NEGATIVA PARA RATO

Segunda: “Fitch mantiene un Rating Watch negativo en las calificaciones de EPM hasta que la empresa pueda recuperar el control del proyecto”. Para los especialistas, va para el 2023. O sea, habrá perspectiva negativa para rato.

Tercera: Por lo anterior, la posibilidad de que le mejoren la calificación a EPM es muy remota, y así lo prescribe Fitch.

“Factores que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción/actualización de calificación positiva”, dice Fitch.

A lo que responde: “No es probable que se produzca una mejora a corto o medio plazo, dado el retraso previsto en la operación de Ituango, la actual métrica crediticia de la empresa, el gran programa de capex y la posible materialización de las contingencias de la relación de proyecto”.

A UN CACHO DE PERDER GRADO DE INVERSIÓN

Un factor que no se ha tenido en cuenta. Si Fitch le llega a quitar el Grado de Inversión a Colombia, automáticamente las calificaciones de los bancos y empresas que operan en el país, bajan un escalón. Así, EPM también perdería el Grado de Inversión. Por eso, debe rogar porque esa pérdida de Grado de Inversión de la Nación no se dé próximamente, porque esto sí que encarecería los créditos de la compañía paisa. O sea, el apalancamiento se pondría costoso.

Cuarta: Y cuando Fitch aborda qué podría recrudecer la calificación de EPM, muestra varios factores.

A, “que se materialicen importantes sobrecostos y contingencias que debiliten la liquidez de la empresa”.

B, “que se den adicionales retrasos en la puesta en marcha de Ituango”.

C, “sostenido el apalancamiento por encima de 4,5 veces”. Está en 4,2%, que es alto frente a proyectos como el del Grupo de Energía de Bogotá y Promigas, quer andan por los lados de 3,8 veces.

D, “una estrategia de inversión y/o adquisición demasiado agresiva que impulsa una métrica de apalancamiento consistentemente por encima de 4,5 veces”.

Y ELECTRICARIBE, EL MÁS RECIENTE FAVOR

Ante la crisis de Electricaribe, el Gobierno estaba angustiado porque los interesados más bien escaseaban. Rápidamente la ministra de Minas Suárez, fue botando corriente, para que EPM estuviese presente.

Pero había un problema grave, y toca volvernos a remitir a la Ley de Servicios Públicos de 1994, que la participación en el mercado energético no puede superar el 25%. La de EPM estaba en 23% y si participaba en Electricaribe llegaba al 35%. Pues en el Plan de Desarrollo del presidente Duque se metió el “miquito”. Se le dio la autorización, pero la ministra puso un condicionamiento para compensar el favor: que EPM como generador no le puede vender a EPM como comercializador más allá del 10% de aquí al año 2025.

Es así como EPM termina haciéndose cargo de Caribe Mar, con el compromiso de que en los próximos cinco años haga inversiones por $3,2 billones y de aquí al 2030, $5 billones.

Pues el presidente Duque también está preocupado por esta inversión de EPM. Con el cierre de cupos de algunas entidades financieras, el acceso a crédito por ahora no va a estar fácil.

CADENA DE TORPEZAS Y DE VANIDADES

“Hoguera de las vanidades”. Esa es una película protagonizada por Bruce Willis, Tom Hanks y Melanie Griffith. Pero ese, más bien, debe ser el nombre de la novela que acaban de armar los órganos de administración de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el orgullo mayor de los paisas, cuyas implicaciones económicas, jurídicas, legales, reputacionales, operacionales y en el mercado financiero aún no es posible cuantificar o visualizar. Fitch no contaba, como ya se dijo, con que “algunas entidades financieras locales e internacionales” decidieran con EPM la “suspensión temporal de relaciones comerciales”.

Pues el “orgullo paisa” salió a flote, dentro de un pulso de vanidades, que jamás midieron sus consecuencias. Una demanda que no había otra alternativa que interponerla contra los constructores de Hidroituango, se hubiera podido presentar sin armar esta tormenta innecesaria, que ya empezó a generar una cadena de reveses y que, aunque nadie lo crea, puede terminar encendiendo un apagón generalizado del país, como ya se planteó.

Se nota que ni el dueño de EPM, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ni el gerente de la compañía, Álvaro Guillermo Rendón, ni ninguno de los ocho ejecutivos que hacían parte del máximo órgano de administración de la sociedad (la Junta Directiva), tuvieron presente el Acuerdo Municipal #12 de 1998 ni tampoco el Convenio de abril de 2007 firmado entre la Alcaldía de Medellín y la Gerencia de Empresas Públicas de Medellín, en donde descansa un Gobierno Corporativo bastante laxo, por cierto, y, por lo mismo, débil.

“La empresa exhibía desde hace años una gran fragilidad, derivada del diseño de su gobierno corporativo, atrasado e incompatible con las necesidades de una entidad de la sofisticación y el tamaño de EPM”, señaló hace poco Armando Montenegro, Chairman de la firma BTG Pactual y ex jefe de Planeación Nacional.

El alcalde puede cambiar cuando quiere a ocho miembros de Junta de EPM, basándose en “razones objetivas”, lo mismo que a su gerente general. De ellos, cinco son “independientes”. La decisión del alcalde, por ser el dueño absoluto, es autónoma y unilateral, no tiene que responderle a una asamblea.

No se entiende por qué el alcalde en lugar de entrar en conflicto con su junta directiva, ratificó a sus miembros para ponerse a pelear con ellos. Cuando además como candidato ya había expresado su disgusto con el manejo que se le venía dando a EPM. Desde el primero de enero, cuando tomó posesión del cargo, hubiera podido cambiarlos. Y está dentro de su potestad y puede valerse de cualquiera de las cientas de frases gaseosas que tiene el convenio, que por cierto es citado por Fitch, como una gran guía.

“Fitch considera que las recientes medidas adoptadas por la empresa son contrarias al Acuerdo de Gobernabilidad, firmado el 23 de abril de 2007, entre el Ayuntamiento de Medellín y la dirección de EPM, en el que el municipio se comprometió a respetar la autonomía de EPM como empresa industrial y comercial del Estado y a actuar exclusivamente a través de la junta directiva”.

El gerente general de EPM tuvo más de siete meses para definir si demandaba a los constructores de Hidroituango, pero debía contar con el aval de la junta directiva, porque según el Acuerdo 12 de 1998, en su artículo 17, es potestad de la junta “autorizar el sometimiento de las diferencias de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. con terceros, cuya cuantía supere los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la decisión de árbitros o amigables componedores Salvo cuando este mecanismo se haya pactado contractualmente”.

Y esta misma norma obliga a los miembros de la junta a velar por su cumplimiento. Luego, lo que menos podían hacer era renunciar. Debieron exigirle cuentas al gerente general de EPM y hasta plantear su dimisión. Fueron malos jugadores de poker, porque pusieron sobre la mesa su renuncia y el alcalde ni corto ni perezoso se las aceptó.

Los miembros de junta directiva son administradores ante la ley, ya que “la junta directiva es el máximo órgano de gobierno de una empresa”. Y si la empresa maneja recursos del Estado, la responsabilidad es mayor.

Con la novela de EPM, por consiguiente, se hacen visibles tres cadenas: una, de muchos favores a lo largo del tiempo (integración vertical, horizontal, oblicua, etc., cuando están prohibidas; participación en una subasta convocada por culpa suya; aumento del límite en la porción de mercado); otra, de reveses para la estabilidad de la compañía (rebaja de calificación de Fitch y cierre de cupos de bancos, por ahora); y, la última, de torpezas del alcalde de Medellín, del gerente de Empresas Públicas y de los miembros de junta (todos se encargaron de desnudar las debilidades de una empresa que es considerada por los paisas y por el país como la joya de la corona y de poner a Colombia, de pronto, eso depende de El Niño, ad portas de un apagón).