Sin marcar más déficit, $33 billones ha levantado Carrasquilla, en tiempos del Covid 19

Las maromas del ministro de Hacienda, un misántropo con un círculo de trabajo bien reducido, le han permitido al Gobierno conseguir recursos, sin aún acudir a ningún financiamiento, por 3,3% del PIB. Como la crisis del coronavirus sigue, se sabe que el déficit va a seguir de largo del 4,9% del PIB hablado en el Comité de Regla Fiscal y puede llegar al 6% del PIB. Antes del aislamiento el déficit era del 2,2% del PIB y ya estaba financiado. No se sabe cómo juegue lo conseguido por Carrasquilla, que no computa en el déficit, pero el hueco real podría superar los $16 billones, pero su financiamiento vendrá en la medida que se necesite. Vea la gimnasia de Carrasquilla, en especial la del encaje y el traslado de pensiones a Colpensiones.

Por Daniel Támara y Héctor Hernández M.

Primera Página - Agencia de Noticias -

Bogotá.- A hoy, el Gobierno nacional no ha hecho ningún movimiento para obtener financiación alguna. Algunos lo comparan con los gobiernos de países como Perú y Chile, donde el financiamiento para afrontar la crisis desatada por el coronavirus ya arrancó.

Pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, parece esas amas de casa que con la cartera en el brazo empieza a rebuscar plata por toda la casa, debajo de la cama, en el tarro de galletas convertido en alcancía, debajo de la carpeta de la mesita de noche, en el bolsillo escondido del abrigo de la abuela que murió hace más de una década, todo para hacer un mercado decente. Y las peripecias las hace con tal de no tener que ir a tocar la puerta de la vecina para pedirle prestada plata.

En esta crisis que ha heredado el país del microscópico Covid 19, Carrasquilla antes de tocar las puertas del financiamiento se ha logrado levantar $33,8 billones, para bien o para mal.

Y lo mejor es que estos recursos que suman 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) no marcan como déficit fiscal. Seguramente computarán como mayor endeudamiento de largo plazo, pero no como mayor déficit.

Para claridad de las cuentas, un punto de PIB es hoy en día aproximadamente $10 billones.

El ministro Carrasquilla ha hecho una serie de maromas que ha diseñado con un reducido grupo de trabajo. Trabaja como un ermitaño, un misántropo… Cuando menos se piensa, sale con una operación que aquellos que no saben que es conseguirse un peso la quieren triturar. Claro que para el futuro tendrán consecuencias. Pero es que en estos momentos la urgencia es conseguirse recursos. Están saliendo empapados del bolsillo del pantalón que estaba en la lavadora, o enganchados a un brasier abandonado detrás de la puerta del cuarto de chécheres, como lo haría cualquier ama de casa recursiva.

¡ARRE!, ¡PLATA!

Ese modus operandi de Alberto Carrasquilla se acerca ahora más al Llanero Solitario. Dicen que en los pasillos del Ministerio de Hacienda ni en su casa, cuando teletrabaja, no se le ha oído gritar “¡Hi-yo, Silver, away!”, ¡arre, Plata (el caballo del Llanero Solitario)! Pero no sería raro que en estos tiempos gritase así pero por la plata que necesita.

Toro, está personificado por unos pocos, los viceministros de Hacienda, Juan Pablo Zárate y Juan Alberto Londoño, el director de Crédito Público, César Augusto Arias, y el superintendente Financiero, Jorge Castaño.

Ajenos al ministerio están los codirectores del Banco de la República, Roberto Steiner y Arturo Galindo, con quienes Carrasquilla de tiempo atrás tiene una buena relación. Pero eso no garantiza que los esté consultando. De la junta no se descarta que de pronto también escuchase la opinión de Gerardo Hernández, gran conocedor de la cosa jurídica.

Nadie sabe a ciencia cierta si hace consultas. Lo único cierto es que en esta crisis se ha visto una gran coordinación entre Hacienda y el Emisor, según lo leen instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Últimamente, con Juan Pablo Córdoba, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), por ser el actual presidente del Comité de Regla Fiscal.

Y no se sabe si pedirá consejo de sus excompañeros de oficina como el expresidente de la bvc y exsuperfinanciero, Augusto Acosta, o como Lía Heenan, expresidenta de la Central de Inversiones (Cisa). O del abogado Andrés Flórez. Difícil.

DE VOLDEMORT, A JOKER Y DE ESTE A LLANERO SOLITARIO

De todas maneras, Carrasquilla tiene fama de actuar preferiblemente solo como Harry el Sucio. Desde que asumió el cargo de ministro ha venido mutando. Primero fue Lord Voldemort, el innombrable. Nadie se le podía acercar. Luego pasó a ser el Guasón o Joker, por lo exageradamente irónico, en especial con los reporteros. Y, ahora, en esta crisis, el Llanero Solitario.

No se sabe si solo o no, el ministro Carrasquilla ha hecho unas ocho maromas financiero-fiscales, para conseguir recursos por $33,83 sin que le marquen un mayor déficit fiscal.

Esto es 3,3% del PIB. Es obtener un platal a punta de rebusque. Cada peso que se consiga en esta crisis sin necesidad de salir a los mercados financieros es valioso.

Ya que la crisis del coronavirus de seguro va a continuar, se sabe que el déficit va a sobrepasar el 4,9% del PIB que se ha hablado en el Comité de Regla Fiscal y puede acercarse al 6% del PIB.

Antes de que se decretara el aislamiento, el déficit era del 2,2% del PIB y ya estaba financiado. No se sabe cómo juegue lo conseguido por Carrasquilla, que no computa en el déficit, pero el hueco real podría superar los $16 billones, pero su financiamiento vendrá en la medida que se necesite.

LAS MAROMAS DEL LLANERO SOLITARIO

Este es el resumen de los recursos conseguidos por el Gobierno, como resultado de los ejercicios de gimnasia financiera y fiscal adelantados por Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda:

Primera: $12,1 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE).

Segunda: $9,8 billones de inversión forzosa del sector financiero en Títulos de Solidaridad (TDS), fruto de un menor encaje bancario.

Tercera: $5 billones del traslado de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (las AFP) a Colpensiones.

Cuarta: $3 billones del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet)

Quinta: $2,6 billones del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura (Fondes), provenientes de Isagén.

Sexta: $0,6 billones raspando de financieras estatales como Findeter, Grupo Bicentenario, Fondo Nacional del Ahorro, Finagro, Urrá S.A E.S.P. y Cisa.

Séptima: $0,4 billones del impuesto solidario que deben pagar 21.000 servidores públicos con altos salarios.

Octava: $0,33 billones del Fondo de Riesgos Laborales (FRL).

Esta es la gimnasia de Carrasquilla, adelantada para afrontar económicamente la crisis de salubridad causada por el Covid 19:

LA JUGADA DEL MENOR ENCAJE

La reducción del encaje establecida por la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) a través de la Resolución Externa 9 de 2020 y la inversión obligatoria establecida por el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 562 de 2020 son dos medidas que se tomaron de forma coordinada con el objetivo principal de que el gobierno obtenga recursos para atender la emergencia que se ha generado por la coyuntura del Covid-19, sin afectar los niveles de liquidez de los establecimientos de crédito para que estos puedan continuar con sus programas de alivios de cartera y otorgando nuevos créditos.

Por una parte, la reducción del encaje, la cual consistió en disminuir el porcentaje de requerimiento en 3 puntos porcentuales (pp) para los depósitos a la vista y en 1 pp para los depósitos y exigibilidades con plazo inferior a 18 meses, le genera una disponibilidad de recursos a los establecimientos de crédito de aproximadamente $9 billones (b). Esta liquidez se compensa con el monto que deben invertir dichas entidades en los nuevos títulos de deuda pública, denominados Títulos de Solidaridad (TDS), el cual es aproximadamente $9,8 billones.

Adicionalmente, estas dos medidas fueron complementadas con la decisión de la JDBR de recibir los TDS en sus operaciones de liquidez (repos, compras definitivas y apoyos transitorios de liquidez), con lo cual da la posibilidad a los establecimientos de crédito para obtener recursos utilizando los TDS que pueden ser empleados para atender sus necesidades de liquidez.

De esta forma, las medidas en su conjunto hacen que unos recursos que tenían los establecimientos de créditos “parqueados” en el Banco de la República se utilicen para financiar los gastos generados por la emergencia del Covid-19 y que las entidades no vean afectada su liquidez dado que tienen la posibilidad de realizar operaciones con estos títulos con el Banco de la República. Lo anterior permite a las entidades contar con alternativas para el manejo de su liquidez que son importantes para gestionar los efectos de los alivios en los pagos de los deudores y continuar generando desembolsos de créditos que ayuden a reactivar la economía.

El Ministerio de Hacienda explicó así esta maroma:

"Mediante las tres medidas que se tomaron en conjunto: reducción del encaje; establecer la inversión obligatoria para los establecimientos de crédito, y que estos títulos sean recibidos por el Banco de la República en sus operaciones de liquidez, se logran dos objetivos. Por una parte, el gobierno obtiene su financiación para el fondo de emergencia y, por otra parte, los bancos pueden obtener liquidez a través de operaciones repo con los títulos de la inversión obligatoria y así emplear estos recursos para realizar su labor de intermediación financiera y dinamizar el crédito".

LO DE LAS AFP Y COLPENSIONES

El retiro programado es una modalidad de pensión que creó la Ley 100 en la cual los afiliados no transfieren sus recursos ni los riesgos a una compañía aseguradora, sino que siguen siendo administrados en sus propias cuentas individuales. Esto implica beneficios para algunos afiliados que viven menos que la esperanza de vida, pues sus herederos pueden retirar los remanentes de su cuenta, pero también implica unos enormes riesgos para la mayoría de los afiliados pues, al no existir compensaciones entre una cuenta y la otra, las cuentas de los afiliados que viven más que a expectativa de vida pueden no ser suficientes para seguir financiando una mesada indefinidamente.

De otro lado los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación, al hacer crecer las mesadas más rápido que la inflación, también generan mayores necesidades de recursos de las cuentas de ahorro individual y pueden acentuar los riesgos de descapitalización. Sumado a esto, las recientes desvalorizaciones de los mercados financieros generan un mayor riesgo de desvalorización de las cuentas que están cercanas al salario mínimo.

Por otro lado, la Ley 100 también establecía un mecanismo de control de saldos que establece que la AFP debe trasladar a los afiliados a una renta vitalicia cuando su saldo en la cuenta de ahorro individual se acerque al saldo necesario para financiar una mesada de salario mínimo. Sin embargo, en la práctica este mecanismo no se puede implementar a todas las pensiones de retiro programado pues el mercado de seguros de rentas vitalicias no alcanza a absorber el volumen de retiro programados de salario mínimo.

El mecanismo propuesto por el gobierno recoge estas mesadas para las que no se ha podido implementar el control de saldos y, por ende, no han podido ser trasladadas a rentas vitalicias como establece la Ley 100 y establece un mecanismo similar administrado por Colpensiones lo que permite que los afiliados no asuman los riesgos de longevidad y mercado ya mencionados.

Este mecanismo establece que las cuentas deben trasladarse fondeadas, es decir que deben coincidir con su valor actuarial y los faltantes, en caso de existir, deberán ser aportados por la AFP que administre la pensión.

Los recursos trasladados se sumarán a las reservas de Colpensiones y serán contabilizados de la misma forma en que se contabilizan las reservas existentes, y los pasivos transferidos incrementarían el pasivo actuarial de Colpensiones que hoy en día corresponde a una cuenta de orden del balance de la entidad.

RECURSOS QUE VIENEN DE ISAGÉN

El Gobierno trasladó recursos por $3,2 billones al Fondo Nacional de Garantías para otorgar las garantías a los nuevos créditos que adquieran los empresarios para salvar sus respectivos negocios. Este traslado se autorizó con el decreto 492 de 2020.

Qué dice en sí: autorícese al Gobierno nacional para llevar a cabo la disminución de capital de las siguientes entidades en los montos máximos señalados a continuación:

a) Grupo Bicentenario S.A.S.: hasta por la suma de $300 mil millones.

b) Financiera de Desarrollo Territorial S.A. - Findeter: hasta por la suma de $100 mil millones.

c) Fondo Nacional del Ahorro - FNA: hasta por la suma de $100 mil millones.

d) Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – Finagro: hasta por la suma de $50 mil millones.

e) Urrá S.A E.S.P.: hasta por la suma de $50 mil millones.

f) Central de Inversiones S.A.: hasta por la suma de $50 mil millones.

g) Los recursos de la cuenta especial de la que trata el artículo 144 de la Ley 1753 de 2015 (creación del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura -Fondes-), modificado por el artículo 56 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 2.19.16 del Decreto 1068 del 2015, modificado por el Decreto 277 de 2020, hasta por la suma de $2,6 billones de pesos.

El que más aporta, evidentemente, es el Fondes. Ahora bien, el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró hace unas semanas que esos recursos corresponden a una parte de la venta de Isagén.

"Los recursos del Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura (Fondes) que se están utilizando, $2,6 billones, para capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, provienen de la venta de Isagén. Entonces, sí, se han usado $2,6 billones de esta venta para otorgar garantías del 90% para la nómina y de 80% para demás necesidades de empresas y entes territoriales", dijo Londoño.

CONTABILIDAD DE LAS MAROMAS

En cuanto a la contabilidad de las operaciones lideradas por Carrasquilla, esto es lo que dice el Ministerio Hacienda en un documento:

“De conformidad con las facultades extraordinarias concedidas al presidente de la República por el artículo 215 de la Constitución Política, en el marco de la Emergencia declarada mediante el Decreto 417 de 2020, en línea con las medidas adoptadas se han expedido los siguientes Decretos Legislativos, se relacionada a continuación los recursos que se han adicionado al Presupuesto General de la Nación con el propósito de atender la emergencia que se está presentando en el país.

“Decreto Legislativo 572 de 2020. Por medio del que se adicionan nueve billones ochocientos once mil trescientos millones de pesos moneda legal ($9.811.300.000.000).

“Decreto Legislativo 571 de 2020. Por medio del que se adicionan trescientos veintinueve mil millones de pesos moneda legal ($329.000.000.000).

“Decreto Legislativo 522 de 2020. Por medio del que se adicionan tres billones doscientos cincuenta mil millones de pesos moneda legal ($3.250.000.000.000).

“Decreto Legislativo 519 de 2020. Por medio del que se adicionan quince billones cien mil millones de pesos moneda legal ($15.100.000.000.000).

“Las anteriores adiciones presupuestales corresponden a los recursos que conformarán el Fondo de Mitigación de Emergencias – Fome, creado por el Decreto Legislativo 444 de 2020 y los recursos necesarios para la capitalización del Fondo Nacional de Garantías – FNG autorizada mediante Decreto Legislativo 492 de 2020.

“En el caso del Fome, los Decretos Legislativos 444, 552, 562 y 568 de 2020 establecieron las siguientes fuentes:

1. Préstamos a la Nación del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) por un monto cercano a $12.1 billones de pesos.

2. Préstamos a la Nación del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet) por un monto cercano a $3 billones.

3. Préstamos a la Nación del Fondo de Riesgos Laborales (FRL) por un monto cercano a los $329 miles de millones.

4. Inversión obligatoria en Títulos de Solidaridad – TDS por un estimado de $9,8 billones.

5. Impuesto solidario por el Covid 19, estimando un recaudo cercano a los $400 miles de millones. Por su parte, la capitalización del FNG por cerca de $3,3 billones de pesos se realizó en los términos del Decreto Legislativo 492 de 2020 con recursos provenientes de: (i) la Cuenta Especial Fondes hasta por un monto de $2.6 billones de pesos y, (ii) de la descapitalización de varias empresas del Estado hasta por un monto de $650 miles de millones de pesos.